(Por Gabriela Figueroa / Tiempo Argentino 26/04/2025) Desde la asunción de Javier Milei se multiplicaron los desalojos en todo el país. Operativos descomunales, uso excesivo de la fuerza, armado de causas y detenciones arbitrarias. Con la derogación de la Ley 26.160, que disponía el relevamiento de los pueblos indígenas y suspendía sus desalojos, la política territorial libertaria es el despojo. Si bien la gran mayoría de las comunidades indígenas y campesinas ya tenían conflictos judiciales por los territorios que habitan, la avanzada sobre éstos con complicidad judicial, política y empresarial es notoria y simultánea desde la asunción de Javier Milei al gobierno. Según denunció la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), los procesos de desalojos se han multiplicado desde Jujuy hasta el sur del país. “Lo que está pasando ahora es un arrasamiento de derechos, un ciclo de mucha violencia institucional y social”, aseveró en conferencia de prensa la secretaria general de APDH, María Elena Naddeo. Algunos referentes del interior, nucleados en Opinoa (Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noa), llegaron a Buenos Aires esta semana para denunciar la extrema fragilidad de los derechos a la tierra, en especial, de quienes viven en la ruralidad. Atropellos a sangre y fuego, persecuciones con perros y a caballo por los montes, ancianas arrancadas de sus hogares y abandonadas con lo puesto bajo el sol, topadoras sobre las casas y cercos al campo libre que condena a la muerte a sus animales es el paisaje común de sus testimonios. Una ley necesaria “Venimos a denunciar la violencia institucional que atravesamos las 2000 comunidades preexistentes de los 40 pueblos indígenas en la Argentina, a través de políticas de negación, invisibilización, retroceso y discriminación que vivimos en Jujuy y a nivel nacional con este gobierno”, aseveró a Tiempo Néstor Jerez, cacique de la Comunidad Okloya. Ya en 2023, Jerez formó parte del Tercer Malón de la Paz que permaneció por meses en un acampe frente a los tribunales porteños y denunció la reforma constitucional ilegítima de su provincia, el antecedente más próximo al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que en 2024 se aprobó para todo el país con la Ley Bases y que beneficia a las grandes empresas para la explotación de los territorios. “Lo de Jujuy era un experimento de laboratorio donde el exgobernador Gerardo Morales en complicidad con Rivarola aprobaron una ley inconsulta e inconstitucional para favorecer a las empresas, los extractivismos y al despojo. Hoy vemos cómo continua ese atropello con la abolición de todos nuestros derechos”, expresó. Para Jerez, en este contexto, resulta necesario “retomar en el Congreso de la Nación una ley de protección de los territorios comunitarios y también avanzar en las deudas que tiene el Estado con los pueblos indígenas, en la sanción de una ley de propiedad indígena”. Operativo brutal Desde la derogación de la Ley 26.160, incluso las comunidades que cumplieron con el relevamiento territorial y poseen personería jurídica en el que consta la posesión ancestral y pública de sus tierras, se encuentran cuestionadas y libradas a la interpretación y voluntad judicial. Tal fue el juicio por usurpación que enfrentó la comunidad Las Capillas del pueblo Okloya –al cual pertenece Jerez– que fue impulsado por la empresa minera Piuquenes, del cual resultaron sobreseídos al cierre de esta nota. Sin embargo, otras como la comunidad kolla Guerrero de Tilcara (Jujuy) que también tiene personería jurídica, sufrió un desalojo intempestivo y violento. Uno de sus integrantes, Julio Cruz, contó a Tiempo que “el 15 de octubre del año pasado sufrimos la represión policial, un terrible desalojo con abuso de autoridad efectuado por 300 policías contra 15 familias, en el marco de un juicio de 18 años que no tiene sentencia”. El brutal operativo, impulsado por el empresario y exfuncionario provincial Guillermo Jenefes, se hizo viral con el video de una anciana de 100 años, que fue sacada en su cama por la policía y abandonada a un costado. Asimismo, Cruz denunció que se apoderaron de un cementerio familiar y que no conocen el destino de los restos mortales de sus ancestros. “No hay ninguna clase de contención de la provincia, nadie se hizo cargo. Estoy siendo perseguido con amenazas de muerte y la semana pasada me notificaron de una imputación”, aseveró. Ajuste libertario Al igual que los pueblos indígenas, las comunidades campesinas también sufren el ajuste libertario. En este caso, con el incumplimiento de la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar y el avance sobre sus territorios. Así lo denunció Pablo Altamiranda, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). “Fueron más de 300 policías que se apersonaron en el Lote 42 de Los Juríes y nos persiguieron con perros, a caballo, por los montes y caminos vecinales para desalojarnos”, contó a Tiempo. El referente expresó que no hay medios de comunicación ni gobierno que escuche o se haga cargo de la gravedad y violencia con la que se produjo ese despojo. Desde hace 40 días hay nueve detenidos, 26 heridos y 13 con orden de detención. “Este es un proceso que se ha iniciado contra las comunidades campesinas, que se agudiza con una Ley de Agricultura Familiar debilitada. Criminalizan nuestras luchas, hay una persecución contra toda la dirigencia campesina en Los Juríes”, denunció. Sin tregua Pedro Chávez, cacique de la Comunidad Indio Colalao (Tucumán) contó que una de las seis familias que habitan el territorio de la Base Piedra Sagrada –lugar turístico conocido como Piedra pintada en San Pedro de Colalao– tuvo que abandonar su territorio debido a la amenaza de desalojo. “El territorio es un campo abierto, son varias familias con sus puestos. Irene Mamani vivió ahí siempre, su familia vive ahí desde hace 180 años y la sacaron. Teníamos una casa comunitaria donde todos los que tienen animales paraban ahí a tomar mate, antes de salir al campo. Ahora no se puede llegar, están poniendo cercos y haciendo tiros”, contó a Tiempo. La causa judicial, iniciada por empresarios, implicó un grave perjuicio no sólo a la familia desalojada sino a toda la comunidad que llevaba a los animales a pastar a esa zona conocida como la ovejería. “Ahora los animales están en la calle, los lleva la policía. No tienen adonde encerrarlos (los desalojados) porque los animales siempre han sido libres y ahora hay un cerco donde antes era todo abierto. El animal se vuelve a comer, a pastar y no daña a nadie pero les hacen tiros. Con esto, quieren desaparecer a las comunidades y despedazar a la gente humilde”, aseveró. La comunidad Cueva del Inca en estado de alerta y vigilia El 22 de abril, en un operativo policial desproporcionado, se intentó desalojar de forma violenta a la comunidad kolla Cueva del Inca de su territorio en Tilcara, Jujuy. “La jueza Lis Valdecantos Bernal avanzó con una orden de desalojo totalmente irregular que no pudo ejecutar. La situación por ahora es de alerta, hay una permanencia, una vigilia y llamaron a fortalecer a todos los sectores solidarios”, contó a Tiempo la diputada Natalia Morales (Frente de Izquierda). Se trata de la misma jueza que dispuso el desalojo de la comunidad Guerrero durante octubre pasado. “Es un desalojo que avanzó sin que se sepa quién es el fiscal a cargo, con un juez de paz local que avaló y garantizó su ejecución. Hay una denuncia en el fuero federal por violación del patrimonio de la humanidad y de los derechos indígenas”, expresó. La comunidad afronta más de 20 juicios con los empresarios hoteleros Carlos Vázquez y Natividad Cruz, quienes pretenden extender su negocio sobre el territorio indígena. Ambos cuentan con el apoyo del gobierno provincial ya que formaron parte del sector que apoyó la última reforma constitucional. «Están discriminando y criminalizando nuestra identidad» Sullka Wara Quinteros, del pueblo diaguita de Amaicha del Valle (Tucumán) y parte de la organización Andhes, contó que la mayoría de los conflictos judiciales de los indígenas en esa zona tienen como víctimas a grandes empresarios de la soja, inmobiliarios o turísticos que encuentran alianzas “en lugares de poder, comunas rurales y juzgados de paz de cada localidad, que tienen una posición anti-comunidad indígena. Hoy son causas que erosionan de nuevo porque hay todo un avance para que eso suceda, en los mismo juicios se escucha el racismo”, manifestó a Tiempo. Quinteros expresó que existe una criminalización de las identidades originarias. “Los jueces creen que es fácil y no saben lo difícil de autopercibirse, los jóvenes lo sabemos muy bien. Hay todo un bagaje donde el orgullo es respuesta política pero en las comunidades es un trabajo duro porque todo el tiempo están discriminando y criminalizando nuestra identidad y negando que nuestros derechos existen”, aseguró. “Es un tema de todas las comunidades indígenas del mundo pedir una ley de propiedad comunitaria».

Una bioquímica uruguaya-paraguaya, feminista y activista fue fundamental en la formación política de Francisco, ya que influyó en el compromiso con la justicia social que marcó el liderazgo que el papa desempeñó durante 12 años en el Vaticano. Así lo reconoció en múltiples ocasiones Francisco, quien solía recordar cómo conoció a Esther Ballestrino de Careaga, una de las víctimas de la última dictadura militar argentina (1976-1983) que pasó a la historia de los derechos humanos como fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, un grupo de amas de casa que se organizó para enfrentar a los militares y buscar a sus hijos desaparecidos. "Una mujer con mucho sentido del humor, que me introdujo en el mundo de la política (...). Me hacía leer varias cosas (...), conversábamos sobre eso, los comentábamos. A pesar de que yo era cura, seguimos siendo amigos", la definía Francisco. Tanto hablaba de ella, que el periodista Nello Scavo rescató su influencia en "Bergoglio y los libros de Esther", una obra de 90 páginas que cuenta la relación entre ambos. Francisco la explicaría, también, en "Esperanza", su propia autobiografía. El papa contaba que Ballestrino le había enseñado "la seriedad del trabajo" cuando se conocieron en un laboratorio en Buenos Aires, en donde la bioquímica supervisaba el desempeño de los jóvenes que acudían a hacer prácticas. Uno de ellos era un adolescente de 16 años, llamado Jorge Bergoglio, que décadas después se convertiría en el primer papa latinoamericano. "Realmente le debo mucho a esa mujer", insistía Francisco, quien sostuvo una profunda amistad con su mentora hasta que ocurrió la tragedia. El horror De madre paraguaya y padre uruguayo, la identidad de Ballestrino estuvo compartida desde sus primeros años de vida, ya que nació en 1918 en Fray Bentos, una pequeña ciudad del país paterno, pero cuando todavía era niña la familia se mudó a Encarnación (Paraguay). Ahí estudió Bioquímica y comenzó a militar en el izquierdista Partido Revolucionario Febrerista, lo que le valió la persecución de la dictadura militar paraguaya. En 1947 se refugió en Argentina, que vivía en democracia bajo la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Durante las décadas siguientes, en los que la violencia política se instaló en Argentina, con golpes de Estado y la aparición de guerrillas, Ballestrino se quedó en Buenos Aires, se casó con Raymundo Careaga y tuvo tres hijas. Pero el vuelco definitivo a su vida ocurrió el 24 de marzo de 1976, con el inicio de la última dictadura que secuestró a dos de sus yernos y a su hija Ana María Careaga, quien se convertiría en un prueba viviente del terrorismo de Estado cometido por los represores: tenía solo 16 años cuando fue raptada y torturada, a pesar de que transitaba los tres meses de embarazo. Los militares lo sabían y la golpeaban en la panza. La mantuvieron encerrada en un centro clandestino durante cuatro meses, pero logró sobrevivir y dar a luz a una niña. Mientras todo ello ocurría, Ballestrino salió a la Plaza de Mayo para organizar rondas junto con otras mujeres que denunciaban desapariciones. Para identificar su lucha, se pusieron en la cabeza pañuelos blancos que representaban los pañales de las hijas e hijos que buscaban. Luego de la liberación de Ana María, Ballestrino y su familia se refugiaron en Brasil y en Suecia, pero la fundadora de Madres de Plaza de Mayo decidió regresar a Argentina. Ya se trataba de una lucha colectiva: había que buscar a todos los desaparecidos. Vuelos de la muerte El 8 de diciembre de 1977, Ballestrino fue secuestrada en una iglesia de Buenos Aires junto con otras víctimas, entre ellas Azucena Villaflor y María Ponce, también fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. La llevaron a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros clandestinos de detención más grandes que hubo en América Latina. La torturaron por lo menos durante 10 días y luego la subieron a uno de los "vuelos de la muerte", el sistema que usaron represores en todo el continente para desaparecer a sus víctimas tirándolas, en muchos casos todavía vivas, al mar. No siempre lograron su objetivo. El 20 de diciembre de 1977 aparecieron cuerpos en varias playas argentinas. El mar los había empujado a la costa. Fueron enterrados como desconocidos. Casi 30 años después, el 8 de julio de 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó que uno de esos cuerpos era el de Ballestrino. El 24 de julio de ese mismo año, la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo fue enterrada en el jardín de la iglesia en la que había sido secuestrada. Su nombre inspiró desde entonces las luchas por los derechos humanos y, gracias al permanente recuerdo de Francisco, fue conocido en todo el mundo.

Además, su hermano Sebastián fue sentenciado a 12 años de cárcel. Tras una extensa jornada judicial, el Tribunal Penal N° 1 de Posadas, Misiones, condenó este miércoles por la noche a los hermanos Germán y Sebastián Kiczka a 14 y 12 años de cárcel, respectivamente. Momentos antes, la defensa de Sebastián intentó convencer a los jueces de que él había sido el único consumidor del material pedófilo, exculpando a su hermano Germán, el exdiputado provincial quien advirtió “una persecución política” en su contra. Sin embargo, luego de unas tres horas de deliberación, los magistrados dieron por acreditado que ambos cometieron diferentes delitos. Durante los alegatos, la parte acusadora, en cabeza de los fiscales Martín Alejandro Rau y Antonio Glinka, habían pedido 15 años de cárcel para Germán y 12 para su hermano. Los abogados de Sebastián fueron por la insania y, en esa misma estrategia, el exdiputado solicitó su absolución ante los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante). Las penas El exlegislador, despojado de su investidura en septiembre del año pasado tras haber permanecido prófugo una semana, fue considerado culpable de la tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil. Estará 14 años tras las rejas. El ex diputado de Activar aseguró que no consumía ni distribuía ese tipo de material y acusó: “El Gobierno sabe que, destruyéndome a mí, destruye a mi partido, la única fuerza opositora real de la provincia”. Su hermano, Sebastián, fue condenado a 12 años de cárcel por tenencia y facilitación de videos de violación en perjuicio de menores de edad; y por el abuso sexual simple de una adolescente de 15 años. Sus abogados defensores, Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga, habían solicitado que sea declarado insano y que pueda recibir una medida sanitaria debido a sus adicciones. Ademas, indicaron que el hombre mantenía una relación consentida con una menor. El fiscal Glinka, por su parte, consideró que “Sebastián es el chivo expiatorio de la familia”, cuya inculpación calificó como “un sacrificio cínico” y criticó las diferentes (y contradictorias) versiones que dieron los acusados. Además, se quejó de que el hijo del exgobernador Ramón Puerta, el diputado Pedro Puerta -referente político de Germán Kiczka-, a través de un escrito, no se haya presentado a declarar en el juicio y pidió que sea investigado, al igual que el padre de los hermanos Kickza, en cuya casa en febrero del año pasado fue encontrado el material pedófilo. En la reconstrucción del caso, el fiscal Rau dio por acreditado que del allanamiento a la vivienda de Leonardo Kiczka, el padre de los sospechosos, se encontraron diferentes dispositivos electrónicos que posteriormente fueron analizados como una CPU, un pendrive SanDisk, una notebook Acer y un celular Xiaomi Note 8. «Se determinó que el usuario de la computadora Acer era Germán Kiczka y se hallaron carpetas a nombre del acusado. Había imágenes del ex diputado participando de actos del partido Activar», puntualizó. Según se precisa en el expediente, entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de enero del 24, el entonces legislador descargó y compartió unos 603 archivos de videos y fotos de material que incluía prácticas zoofílicas, entre otras vejaciones a “niños de muy corta edad”. “Era yo quien utilizaba la computadora Acer. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”, dijo Sebastián durante el proceso judicial. “No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet”, argumentó y alegó que en una oportunidad, tras beber cerveza se puso a “mirar esto porque soy una persona ansiosa, se estiró la noche, me olvide de la computadora, estaba convencido que eliminé todo para no dejar rastros, pero dejé el pendrive”. En resguardo a identidad e intimidad de las víctimas, la mayoría de las audiencias del juicio se realizaron a puertas cerradas y sin público. La investigación El caso se inició el 16 de enero de 2024 a partir de un correo electrónico enviado a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) por Tom Farrel, director de Innovación de la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition – CRC). Bajo la denominada operación “Guardianes de la Niñez”, Farrel sostuvo que trabajaba junto al Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (IMEC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de identificar a víctimas de abuso sexual en línea y presuntos agresores que comparten material de este tipo. En ese marco, aportaron las direcciones IP involucradas en los hechos ubicadas en la Argentina. Pocos días más tarde, la justicia ordenó una serie de allanamientos que dieron con los hermanos Kiczka, entre otros sospechosos de integrar una red.

ONU (Por Cecilia Azcuaga *Politóloga UBA/ Página 12 / 16/04/2025) África y su diáspora redoblan su reclamo por justicia reparativa en la ONU, mientras CARICOM y la Unión Africana avanzan en una agenda común. La cuarta sesión del Foro Permanente visibiliza siglos de opresión, pero sigue atada a limitaciones institucionales. A 200 años de la deuda impuesta a Haití, el reclamo por reparaciones resuena con más fuerza que nunca. Del 14 al 17 de abril de 2025 se celebra en la sede de las Naciones Unidas la cuarta sesión del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes. Este año el foro, organizado por la oficina de Derechos Humanos de la ONU, se reúne bajo el lema “África y los pueblos afrodescendientes: unidos por la justicia reparativa en la era de la inteligencia artificial” haciéndose eco de los reclamos por reparaciones por las consecuencias de siglos de esclavización y colonialismo. El presidente de la Asamblea General de la ONU, Philemon Yang, declaró en la ceremonia de apertura: “Comprometámonos a erradicar el racismo, en todos lados y en todas sus formas, en defensa de la dignicad y la igualdad de todo ser humano”. Hilary Brown, representante de la Comisión de Reparaciones de CARICOM fue contundente: “Ya basta de hablar, es hora de resultados concretos”. Brown no hablaba en abstracto. La Comunidad del Caribe (CARICOM) es un bloque de integración regional de 21 países del Caribe; manejan de forma coordinada sus políticas de relaciones exteriores y desde 2014, su Comisión de Reparaciones (CRC) reclama a las ex potencias coloniales el pago de reparaciones a las naciones y los pueblos de la comunidad del Caribe por los crímenes de lesa humanidad cometidos (genocidio, trata de esclavos y esclavitud). El plan de reparaciones, conocido como Plan de 10 puntos, busca revertir un presente marcado por siglos de saqueo, negacionismo y empobrecimiento impuesto sobre las víctimas de la esclavitud y sus descendientes. No están solos. Las instituciones afrodescendientes de la sociedad civil del sur global vienen liderando el reclamo por las reparaciones hace décadas; sin embargo, el trabajo es arduo y debe darse en ambas esferas, tanto a nivel estado como sociedad civil. En este sentido, la Unión Africana (UA) se ha sumado a estos esfuerzos institucionales a nivel internacional. En la 38° Cumbre del pasado febrero, 2025 fue declarado oficialmente como el “Año de las Reparaciones” y su lema se definió como “Justicia para las personas africanas y afrodescendientes mediante las reparaciones”. Además, en un hecho que constituye un hito histórico, en dicha cumbre aprobaron una resolución en la que se "declaró la esclavitud, la deportación y la colonización como crímenes contra la humanidad y genocidio contra los pueblos africanos”, siguiendo el camino marcado por las organizaciones de la diáspora y la sociedad civil africana. En estos últimos años la UA y CARICOM han unido fuerzas para hacer un frente común en la lucha por las reparaciones. Brown, de hecho, destacó en su mensaje en el Foro la posibilidad de llevar adelante una agenda conjunta sobre este tema en la ONU y gestionar un foro político a nivel de jefes de Estado: “CARICOM está lista para llevar esta agenda al próximo nivel: son bienvenidas las alianzas con la UA y otras coaliciones que compartan la visión y la convicción necesarias para asegurarnos de que Europa se haga responsable”. Entre los siglos XV y XIX, por lo menos quince millones de africanos y africanas fueron raptadas, llevadas a la fuerza en barcos europeos y vendidos como esclavos y esclavas en las metrópolis europeas y sus colonias. Hoy, el racismo estructural continúa afectando tanto la vida de millones de personas como las economías y posibilidades de desarrollo de decenas de países. Las (ex)potencias coloniales, excepto Países Bajos, se niegan a hablar de responsabilidades, mucho menos de reparar. Para esta edición, el Foro Permanente le dio un lugar destacado de participación al Grupo Iniciativa Baku (BIG) del Movimiento de Países No Alineados, donde se encuentran nucleados países caribeños que no forman parte de CARICOM. El trabajo del BIG, cuya presidencia pro témpore está en manos de Azerbaiyán, se centra en la lucha contra el colonialismo dentro del marco del derecho internacional. La clausura del evento está programada para hoy, en coincidencia con el bicentenario de la “deuda de independencia” de Haití. Recordemos que la revolución haitiana desembocó en el establecimiento de la República de Haití en 1804 y Francia, a cambio de detener las hostilidades, le reclamó resarcimiento al nuevo estado a través de una indemnización por los perjuicios ocasionados al no poder seguir extrayendo los recursos de la isla y su pueblo. Haití tardó más de cien años en pagar los 150 millones de francos a su opresor. El Foro, creado en 2021, prometía ser una herramienta para avanzar la lucha afrodescendiente en la arena internacional. Sin embargo, su diseño institucional lo condena a la impotencia: desconectado de las asociaciones de base, sin facultades vinculantes, sin presupuesto para la acción, sin mecanismos para que los temas en discusión deriven en políticas concretas. La historia y el presente de los pueblos están en disputa. La intervención de Hilary Brown dejó en claro que el reclamo por reparaciones es una exigencia y que África y su diáspora, a pesar de la diplomacia de la visibilidad, no se detendrán.

(Por Mariana Mamani 7 Página 12 / Salta 12 / 16/04/2025) Los hechos provocaron indignación y llevan a cuestionar los traslados de los sacerdotes. En los próximos días se analizarán las pruebas, documentación, pericias psicológicas a cargo de la fiscalía especializada en violencia de género, por lo pronto el religioso cumplirá 40 días de prisión preventiva. La detención del sacerdote Atilio Luis Bruno (59) conmocionó a la comunidad jujeña tras conocerse la imputación por los delitos de abuso sexual simple agravado por su rol como miembro de un culto religioso (un hecho) y abuso sexual con acceso carnal agravado por la misma condición (cuatro hechos). Los hechos se habrían producido en 2023 en la casa parroquial. La causa por graves delitos contra la integridad sexual que se le sigue al religioso se encuentra bajo un gran hermetismo, a pesar del cual se conoció que se dictó la prisión preventiva por 40 días. El Obispado de Jujuy emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo a la violencia sexual. El sacerdote imputado por cinco hechos de abuso sexual se desempeñaba en la Iglesia Nuestra Señora, de Ciudad de Nieva, barrio tradicional de la capital jujeña, San Salvador de Jujuy. El acusado habría aprovechado su investidura religiosa para ofrecer refugio y contención a una mujer oriunda de Chile que atravesaba una situación de vulnerabilidad, para luego atacarla en cinco ocasiones en la casa parroquial. El 9 de abril pasado se despidió a Bruno de la comunidad del barrio Ciudad de Nieva, entonces había manifestado que aún no tenía un nuevo destino pastoral asignado. La detención fue el 11 de abril en la localidad de Lozano, que linda con el acceso norte a la capital jujeña donde hubo un allanamiento y secuestro de material informático. Se supo que la investigación viene de meses atrás. El lunes último el Juzgado Especializado en Violencia de Género Nº 2 de Jujuy celebró la audiencia de imputación e hizo lugar al pedido de medidas de la fiscal María Emilia Curten Haquim, de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género. La fiscalía fundamentó su requerimiento en las declaraciones de la víctima, informes psicológicos, evidencias digitales, antecedentes y otros elementos recolectados durante la etapa investigativa. Los hechos habrían ocurrido entre octubre y noviembre de 2023. El Juzgado dispuso que por el momento el sacerdote seguirá en prisión preventiva por 40 días, y quedó alojado en una dependencia policial de la provincia. Bruno se abstuvo de declarar. Su defensa está a cargo del abogado Víctor Colina, el mismo que asistió a Ricardo Oscar "Coco" Quiroga, el primer cura condenado en Jujuy, a 15 años de prisión, 2024 por haber violado a una niña en 2020 mientras estaba a cargo de la Parroquia de El Carmen. El abogado querellante Andrés Puig manifestó que la víctima está recibiendo asistencia. Rotundo rechazo La misma noche del lunes, "anoticiado por el Juzgado de Violencia de Género que se ha presentado una denuncia en el ámbito de competencia de ese Juzgado hacia el sacerdote Atilio Luis Bruno y se ha procedido a su detención”, el Obispado de Jujuy se pronunció a través de un comunicado en el que expresó su "rotundo rechazo" hacia todo tipo de violencia sexual, moral, psicológica o de conciencia contra las personas que pastoralmente les son encomendadas. En este sentido, reafirmó su "compromiso de acompañamiento y cercanía" hacia quienes se hayan sentido vulnerados por esta situación. Vecinas del barrio Ciudad de Nieva dijeron desconocer los motivos del traslado del párroco Bruno. “Lamento lo que está atravesando el cura Luis, es la justicia la que investigará las graves denuncias que caen sobre él. El obispo decidió trasladarlo, lo despedimos, y a la vez recibimos al padre Alfredo”, indicó una vecina haciendo referencia a la despedida del 9 de abril. Dos días después fue detenido. “Había una situación" En tanto, el padre Germán Maccagno, rector del Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, y miembro de la Comisión de Medios del Obispado local, en declaraciones a la prensa sobre el grave caso de Bruno dijo que “había una situación, pero no había llegado a la justicia, y una vez que llega a la justicia es la justicia la que dispone”, con lo que reconoció que la situación de Bruno no era ajena en la diócesis jujeña. También sostuvo que “la denuncia la realiza la persona perjudicada y el Obispado acepta lo que la justicia dispone”. En cuanto al alejamiento del sacerdote, Maccagno dijo que “el padre ya no está al frente de alguna comunidad, fue administrador de la parroquia de Nieva y hace un tiempo ya no está. Ahí está el padre Alfredo, otro sacerdote de la diócesis”. “El padre Luis es una sacerdote que llegó a Jujuy de una congregación y se quedó para ser clero de la diócesis”, explicó. Bruno lleva 11 años en la provincia, es oriundo de la provincia del Chaco, pasó por la parroquia San Bartolomé del barrio Chijra y la del Perpetuo Socorro, de Villa Lastenia, en Los Perales, todas en la capital jujeña. Sorprendentemente, el rector Maccagno terminó pidiendo comprensión para "las debilidades" que también tienen los religiosos. “Sepamos comprender las debilidades que también los sacerdotes podemos tener, esas debilidades y pedir perdón en nombre de la iglesia a aquellos que se sienten vulnerados por esta situación de violencia", dijo. "Pedir perdón humildemente y dejar que la justicia disponga, y rezar mucho para que el Señor sostenga la vida de la iglesia y la vida de los sacerdotes y consagrados”, afirmó.